BOGOTÁ.- La Procuraduría se metió de lleno durante veinte días a revistar con lupa la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y halló serios líos en todo tipo de contratos.
El informe, que conoció la revista SEMANA, dice que se puede estar poniendo en riesgo la salud y la vida de los niños y abuelos más pobres.
Entre los contratistas cuestionados se encuentra la Unión Temporal de Luz de Vida, operadora del comedor del adulto mayor en El Difícil y que en días pasados fue denunciada por la Jefatura de Saneamiento Ambiental del Hospital Alejandro Maestre Sierra por negarse a una inspección de sus instalaciones y al monitoreo de los alimentos que les ofrecen a los ancianos.
Según la web de Radio Magdalena, el gerente de la Contraloría General de la República en el Magdalena, Rafael Morales, indicó que su despacho ya recibió la circular y que esta a la espera de las nuevas indicaciones que le hagan desde la capital de la República.
Según la web de Radio Magdalena, el gerente de la Contraloría General de la República en el Magdalena, Rafael Morales, indicó que su despacho ya recibió la circular y que esta a la espera de las nuevas indicaciones que le hagan desde la capital de la República.
El funcionario estatal manifestó además, que la encargada de investigar al Bienestar Familiar en el Magdalena, será una comisión enviada especialmente desde Bogotá, pues así lo dispuso Sandra Morelli Rico en calidad de contralora general.
Elvira Forero está al frente del Bienestar Familiar desde hace cinco años. El instituto tiene un presupuesto anual de 3,1 billones de pesos. El informe de la Procuraduría hace críticas a la contratación.
La procuradora Ilva Myriam Hoyos, delegada para la infancia y la adolescencia, es la autora del informe, y lo remitió a Fiscalía y Contraloría para que investiguen.
Textos y fotos tomados de la Revista Semana
El jueves pasado fue, tal vez, uno de los días más aciagos para Elvira Forero, en los cinco años que lleva como directora del ICBF. A su despacho llegó la procuradora delegada para la familia y la infancia, Ilva Miriam Hoyos, y le entregó un descarnado informe sobre la contratación de la entidad a su cargo.
El documento de 350 páginas, al que tuvo acceso SEMANA, registra un rosario de presuntas irregularidades por las que la Procuraduría llega incluso a concluir que en unos casos se "podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores". Y en otros contratos por "negligencia" en la observación de los mismos "se pudo haber puesto en riesgo, y se puede seguir haciéndolo" a los niños beneficiarios de la Bienestarina.
En teoría, es un informe de carácter preventivo, es decir, pretende dar recomendaciones. Pero en la práctica, la procuradora consideró tan grave lo que encontró que decidió remitir copias del mismo a la Fiscalía y a la Contraloría para que investiguen los hallazgos. E incluso traslada copias a la misma Procuraduría para que investigue los contratos con los hermanos Edmundo y Gabriel del Castillo y el abogado experto en contratación Jorge Pino Ricci.
Forero, cuando fue consultada por SEMANA, dijo estar tranquila y considera que tiene explicaciones válidas para cada uno de los puntos del informe. De hecho, en un largo diálogo dio su respuesta a muchos de los puntos. "Solo hasta ayer me lo entregaron -dijo el viernes en diálogo telefónico desde Costa Rica-. Apenas he tenido tiempo de leer las primeras páginas, pero le puedo decir que la procuradora Ilva Miriam Hoyos llegó sin conocer el instituto ni quererlo conocer".
Forero, cuando fue consultada por SEMANA, dijo estar tranquila y considera que tiene explicaciones válidas para cada uno de los puntos del informe. De hecho, en un largo diálogo dio su respuesta a muchos de los puntos. "Solo hasta ayer me lo entregaron -dijo el viernes en diálogo telefónico desde Costa Rica-. Apenas he tenido tiempo de leer las primeras páginas, pero le puedo decir que la procuradora Ilva Miriam Hoyos llegó sin conocer el instituto ni quererlo conocer".
Elvira Forero, con el director del DAS, Felipe Muñoz, son los dos únicos funcionarios de alto rango que permanecen en el gobierno de Juan Manuel Santos después de haber estado en el de Álvaro Uribe. Este informe de la Procuraduría podría convertirse en un nuevo capítulo de los escándalos que se han destapado del gobierno anterior.
Todo comenzó en marzo de este año, cuando la procuradora Hoyos, ante múltiples denuncias que llegaban a su despacho, decidió 'tomarse' el ICBF. Llegó con un equipo de 18 funcionarios a la sede central de Bogotá y durante cerca de veinte días estuvieron de sol a sol en el instituto revisando la contratación. Sin embargo, como el ICBF tiene 17.000 contratos al año, la Procuraduría decidió tomar solo una muestra de 78 contratos.
La conclusión es, en principio, demoledora: se detectaron, en prácticamente todos los contratos revisados, anomalías, algunas aparentemente menores, como la no entrega de informes que demuestren el cumplimiento del objeto del contrato, y en otros casos, posibles problemas de mayor factura, como "fraccionamiento de contratos", y en general, un desorden significativo en materia de archivo y administración.
En principio, los primeros resultados del informe son preocupantes, pues el ICBF es, después del Ministerio de Defensa, una de las entidades que maneja más recursos del Estado para contratación: en los últimos nueve años casi se ha doblado su presupuesto, pasó de 1,7 billones de pesos a 3,1 billones.
Hay quienes creen que a través de algunas regionales del ICBF, cuyas direcciones se les dan como cuota a congresistas, se pagan algunos favores políticos. Y de hecho SEMANA documentó cómo el ICBF de Córdoba ha servido para alimentar intereses de congresistas relacionados con Sahagún.
La directora, Elvira Forero, dice que por el contrario la han criticado por tratar de centralizar la contratación: "Tengo múltiples pruebas de todo lo que se ha hecho para que no haya intermediarios. Este año hay 17.000 contratos para ejecutar los recursos del ICBF, y en 2006 eran 23.000 contratos. Los hemos disminuido a pesar de que el presupuesto ha aumentado, porque estoy haciéndolos por convocatoria pública".
¿Qué encontró la Procuraduría?
En una primera tanda, revisaron contratos de prestación de servicios de personas que han estado envueltas en polémicas recientes, como los hermanos Edmundo y Gabriel del Castillo, o el abogado Jorge Pino. Así como también la de personajes como el exministro José Manuel Arias Carrizosa, quien fue uno de los impulsores, al lado de Luis Guillermo Giraldo, del referendo para la reelección del entonces presidente Uribe. En todos ellos, la Procuraduría registró la falta de reporte de informes detallados que den cuenta del cumplimiento del contrato.
Uno de los casos que más llamó la atención es el de Luz Amparo Guerra, quien fue jefe de prensa de la Alcaldía de Bogotá en la administración Peñalosa. Desde 2006 está contratada por 'prestación de servicios' con el ICBF y la Procuraduría no entiende por qué Guerra "fue comisionada para realizar viajes que al parecer no se relacionan con el objeto de trabajo ni con la profesión que tiene". Ella, que es comunicadora social y politóloga, es frecuentemente comisionada para acompañar a la directora en temas que tienen que ver con contratación, lo cual, según dice la Procuraduría, sería propio del jefe jurídico. Una inquietud adicional es que por esos viajes, en los que va y vuelve el mismo día, recibe viáticos de 310.000 pesos, que en cuatro años suman más de sesenta millones de pesos.
En el caso de Gabriel del Castillo, quien asesoró al ICBF mientras su hermano Edmundo era el secretario jurídico de Presidencia, la Procuraduría encontró que en el contrato de 2009 tenía obligaciones que no están relacionadas con su profesión -"asesorar al ICBF en programas de comunicación interna y externa"- o que se justificó una adición en el monto del contrato con el argumento de la necesidad de "contar con personal de las calidades tanto humanas como intelectuales del doctor del Castillo".
Hay un caso que para la Procuraduría resulta curioso y es que como contratista, Edmundo del Castillo tenía la tarea de hacer la interventoría de un contrato de Bienestarina. Y cuando del Castillo se fue para la Casa de Nariño, esa interventoría quedó en manos de un consorcio en el que estaba una firma de los polémicos hermanos Nule. Contrato para el cual dio su visto bueno, precisamente, su hermano Gabriel del Castillo.
En general, en estos como en los otros contratos de prestación de servicios se habla de que no aparecen documentos para sustentar el porqué cada uno de ellos era el más indicado para ser contratado ni tampoco que se rindan informes sobre el contrato. "Todos los soportes de las acciones de los contratistas están en distintas carpetas -responde Elvira Forero-. Mal haría el Estado en gastar el tiempo del contratista en pedirle informes en los que, por ejemplo, repita la minuta del contrato que hizo".
Otro de los paquetes más polémicos de contratos que revisó la Procuraduría fue con la Red Alma Máter. Este es un consorcio de cinco universidades públicas del Eje Cafetero que se han convertido en un pulpo de la contratación en el país y ha estado en el ojo del huracán por un contrato para surtir cartillas que le tumbó la Secretaría de Educación de Bogotá.
La Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 ha hecho convenios con el ICBF por 197.414 millones de pesos. Y en la revisión de los mismos halló que nunca se invitó a otros oferentes para estos contratos y dice que no se demuestra la necesidad y la conveniencia de contratar directamente con Red Alma Máter. En segundo lugar cuestiona que a través de ese contratista se estén subcontratando cerca de 7.470 personas, que indirectamente trabajan para el ICBF. La Procuraduría pide evaluar si se está dando una "tercerización de servicios públicos esenciales". Y en tercer lugar, encuentra algo que se parece a la figura de "fraccionamiento de contratos", pues son tres en 2010 con el mismo objeto. La directora Forero alega que"es legal y es constitucional el contrato directo con Alma Máter".
UNIÓN TEMPORAL LUZ DE VIDA: Ancianos y niños en riesgo
Un tercer paquete de contratos que revisó el equipo especial de la Procuraduría fue los que firmó el ICBF para dar complemento alimentario a ancianos en condiciones de extrema pobreza. La Procuraduría se muestra aterrada con el manejo dado, pues dice que, por ejemplo, los estudios previos no incluyeron los datos estadísticos de la población adulta mayor de cada departamento para poder establecer el número de cupos por contratar. No entiende cómo el ICBF contrata desde 2006 con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos.
Luego se detiene en el análisis de cuatro consorcios que ganaron contratos y encontró también distintas anomalías. Por ejemplo, uno de ellos tiene su domicilio en Valledupar y le dieron el contrato para alimentar a los ancianos de Putumayo, Guainía, Amazonas y Arauca. En otro caso, el de la Unión Temporal Luz de Vida, la Procuraduría no entiende cómo en un solo día, el 10 de diciembre de 2010, se constituyó dicha Unión Temporal y se suscribió el contrato entre ella y el ICBF para ocho departamentos. "No se puede saber con qué antelación el operador presentó la propuesta y esta pudo ser evaluada por el ICBF". Ese consorcio, además, hizo el diagnóstico de la situación de los viejos con datos de 1994.
En cuanto a un tercer consorcio, la interventoría dice que presentó falencias significativas con los utensilios y equipos para el almacenamiento y distribución de las raciones. Y a pesar de eso, se certificó el cumplimiento del contrato, "lo que podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores".
En varios apartes del informe se trascriben textualmente reportes de interventorías que hablan de que "los alimentos están sobre el piso, las verduras y legumbres fuera del ambiente de refrigeración, aliños para varios días con mal olor" o "no cuentan con los equipos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad. Almacenamiento en lugar no adecuado. Alta infestación de moscos en servicio sanitario, evidencia de cucarachas. Vajilla de materiales no adecuados (madera), vasos rotos y deteriorados". Una situación que, según la Procuraduría, es inconcebible que haya persistido desde octubre de 2009, sin que al parecer se hayan adoptado los correctivos por parte del ICBF para garantizar una sana alimentación a los adultos mayores.
Y en cuanto a los contratos que se revisaron de alimentación escolar, las cosas no son muy distintas. La Procuraduría detectó un caso en que se tuvieron que suspender las clases por falta de la distribución oportuna de alimentos, otro en que el contratista propuso cambiar los alimentos por abanicos y uno más en que el contratista no les dio a los niños Bienestarina sino Frutiño.
Uno de los puntos más delicados del informe es el que tiene que ver con la producción y distribución de la Bienestarina. La Procuraduría encontró problemas tanto en el contratista (Industrias del Maíz) como en el interventor (Inter-Icbf). De 2007 a 2010, el concesionario presentó perturbación y suspensión en varias plantas de producción; deficiencia en la calidad: en la planta de Cartago se detectó presencia de bacterias (salmonella) en lotes de Bienestarina; aunque el producto de alto valor nutricional no contiene aditivos ni preservativos, el Invima halló presencia de este último (ácido sórbico), y en un informe del 30 de agosto de 2010 se habla de que muestra de Bienestarina analizada "arrojó una salmonella sp, coliformes fecales y otros". El informe no precisa de cuáles plantas provienen las muestras.
Elvira Forero sale al paso y dice que "la Bienestarina les llega a nueve millones de colombianos y no tiene ningún riesgo. Cuando hemos tenido que multar a los operadores, lo hacemos. Industrias del Maíz fue seleccionada luego de un proceso de nueve audiencias públicas, no se ganó el contrato al azar".
Hay tantas o más preocupaciones sobre el consorcio interventor del que hacía parte el cuestionado Grupo Nule. La Procuraduría encontró que no acreditaba la experiencia requerida y carecía de músculo financiero. Con apenas tres días de inicio del contrato, el interventor empezó a faltar a las visitas necesarias para vigilar las plantas y la distribución de la Bienestarina. Para la Procuraduría, el ICBF falló en tomar las medidas necesarias ante el incumplimiento de sus contratistas.
"La Contraloría hizo una visita con la que se detectó ácido sórbico. Nosotros multamos a Industrias del Maíz por eso y multamos a la interventoría por no haberla detectado".
Para la Procuraduría, las sanciones al interventor se impusieron con retrasos de hasta ocho meses desde la fecha de los incumplimientos. "Preocupa la falta de adopción de decisiones de manera pronta, oportuna, eficaz y legal por parte del ICBF, lo que pudo haber puesto, y puede seguir haciéndolo, en riesgo a los niños, a las madres gestantes y a los adultos mayores con la distribución de Bienestarina sin el control de calidad debido", dice la procuradora Ilva Miriam Hoyos, en su informe. Para la funcionaria, esa "negligencia" puede estar en cabeza de la directora general del ICBF y sus principales subalternos.
Denuncian en Ariguaní
Cooperativa del Adulto Mayor se opone a vigilancia sanitaria
En menos de un año, las autoridades sanitarias y la cooperativa que tiene a su cargo el comedor del Adulto Mayor en El Difícil, vuelven a enfrentarse por presuntos malos manejos en ese servicio social.
Jaime Padilla Martínez, jefe de saneamiento ambiental del Hospital ‘Alejandro Maestre Sierra’ denunció ante la opinión pública y organismos de control que la ‘U.T. Luz De Vida’, que opera el programa de alimentación del adulto mayor, “se niega una vez más a que las autoridades competentes ejerzan vigilancia sanitaria a sus instalaciones y al monitoreo de los alimentos que allí se suministran”.
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Según Martínez, tal posición contraría las disposiciones contempladas en el decreto 3075 de 1997, que obligan a que en todo centro productor o distribuidor de alimentos se haga efectiva la vigilancia respectiva para garantizar la salud de los usuarios.
El jefe de saneamiento invocó en especifico el artículo 73 de la norma, que en clara referencia al libre acceso de los funcionarios de salud a los establecimientos, reza: “La autoridad sanitaria competente tendrá libre acceso a los establecimientos objeto del presente decreto en el momento que lo considere necesario, para efectos del cumplimiento de sus funciones de inspección y control sanitarios”.
El funcionario basa su denuncia en hechos acaecidos el pasado 13 de julio, cuando en compañía de subalternos, se aprestaba a tomar muestras para ser enviadas al laboratorio departamental de salud pública. Esa situación no se pudo concretar, de acuerdo con él, por la negativa de los responsables de ese comedor social.
“Las muestras no se pudieron tomar como corresponde, debido a que los administradores del programa se opusieron rotundamente al monitoreo de los alimentos, pese a que tales diligencias son obligatorias y bien conocidas por quienes están al frente de esas organizaciones”, explicó Padilla.
El jefe de saneamiento ambiental municipal pidió a las autoridades de control a escala municipal y departamental iniciar una investigación exhaustiva a la cooperativa, “porque además se negaron a firmar las actas respectivas donde se comprobaba que se oponían a la toma de muestras por parte de las autoridades de salud”.
CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS
Padilla Martínez y la operadora del programa se habían enfrentado en 2010 tras haberse detectado varios alimentos contaminados en el comedor del adulto mayor, especialmente porque se brindaban productos vencidos o con evidencias de deterioro en sus empaques.
En la polémica terció el director del Icbf en el Magdalena, Giovanny Torres Barrios, quien cuestionó los resultados emitidos por la autoridad sanitaria, al señalar que en el proceso de recolección de las muestras no se cumplió con el protocolo sanitario.
No obstante, la jefatura de saneamiento ambiental pudo comprobar pocos días después que sus hallazgos fueron ciertos, que en ningún momento del proceso de recolección de pruebas hubo alteración de las mismas y que la posición de defensa del funcionario departamental “fue una cortina de humo para tapar la realidad”.
Padilla Martínez cree que la actitud asumida por los responsables del programa de comedores sociales en Ariguaní, en no dejar operar a las autoridades sanitarias, es una concepción equivocada frente a sus responsabilidades como servidor público.
“Esta no es una cuestión personal, se trata de garantizarles a los ancianos y a los niños que se sirven de esos comedores las mejores condiciones ambientales para su adecuada nutrición”, puntualizó.
COMEDOR DEL ADULTO MAYOR en El Difícil, objeto en los últimos días de un agudo enfrentamiento entre la jefatura de saneamiento ambiental y la organización operadora del mismo, por la negativa de ésta ultima a que se ejerzan controles sanitarios.
ICBF regional Magdalena entra a la lista de entidades que son revisadas con “lupa” por parte de Contraloría General de la República
Por Winton de Farias (Radio Magdalena).
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Magdalena entró a la lista de entidades que son revisadas con “lupa” por parte de la gerencia de la Contraloría General de la República. El inicio de las auditorías en el manejo de los recursos por parte de la entidad en el Magdalena, fue una orden entregada por la misma Contralora General Sandra Morelli Rico.
A través de una circular a nivel nacional, Morelli Rico envió a su consideración los procesos de auditorías que deberían desarrollarse en cada una de las regionales del ICBF, una vez la Procuraduría general detectó ciertas irregularidades en el manejo de recursos y logística en el interior de la mencionada entidad.
Al respecto, el gerente de la Contraloría General de la República en el Magdalena, Rafael Morales, indicó que su despacho ya recibió la circular y que esta a la espera de las nuevas indicaciones que le hagan desde la capital e la República.
El funcionario estatal manifestó además, que la encargada de investigar al Bienestar Familiar en el Magdalena, será una comisión enviada especialmente desde Bogotá, pues así lo dispuso Sandra Morelli Rico en calidad de contralora general.
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