Las nuevas normas electorales, que entraron en vigencia este jueves 14 de julio cuando el presidente Juan Manuel Santos promulgó la reglamentación de la reforma política, trajo de la mano numerosas dudas sobre las reglas de juego para los comicios del próximo mes de octubre.
Partidos políticos, candidatos y autoridades electorales son los más preocupados sobre los alcances de esta nueva ley y la forma como pueda alterar el juego electoral, que en muchos casos, ya ha empezado.
Ni siquiera el gobierno tiene la respuesta sobre si estas nuevas disposiciones afectarán la inscripción de candidatos, si se aplicará de inmediato el nuevo régimen de inhabilidades contenido en la ley, o si las elecciones de octubre requieren un mayor impulso financiero.
Por eso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se vio obligado a elevar un concepto al Consejo de Estado para que este alto tribunal dirima todas las inquietudes generadas desde la tarde de este jueves, cuando la firma del presidente Santos hizo que la ley entrara en vigencia.
Una de las grandes preocupciones tiene que ver con los requisitos para inscribirse por firmas.
La ley promulgada por el gobierno este jueves señala que los candidatos que se inscriban por firmas deberán registrar un comité promotor de recolección de firmas incluso antes de empezar ese proceso. Además, los nombres de los integrantes del comité promotor (mínimo tres ciudadanos) debe aparecer en el formulario de firmas.
Ese es otro enredo que tendrían que resolver las autoridades electorales. Casos como los de Gustavo Petro y Gina Parody, o Zunilda Esther Daza Oliveros, en Ariguaní, son tres de los ejemplos. Ellos llevan adelantado su proceso de recolección de firmas y lo iniciaron sin conocer la nueva disposición de la ley.
El vacío jurídico es si este proceso debe comenzar de nuevo, inscribiendo primero el comité promotor, y si las firmas ya recogidas tendrán validez o no.
Antes del pronunciamiento del Consejo de Estado, los directores de los organismos encargados de la ley electoral, el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Juan Pablo Cepero, coincidieron en señalar que las nuevas disposiciones de la ley deben ser contrastadas por un régimen de transición que en la práctica harían que la reforma política se aplicara de forma paulatina y sería en las elecciones de 2014 donde entraría en plena vigencia, sin que eso signifique que el próximo mes de octubre se desconozca la nueva legislación.
En conclusión, el proceso electoral del próximo mes de octubre tendrá muchos enredos jurídicos. Tomado de: El Espectador
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