Menores de
edad son culpables del
mayor accionar
delictivo en Ariguaní
Por: JOSÉ MANUEL DÍAZ
@ariguanialdia
ariguanialdia@gmail.com
Alarmados totalmente se encuentran los pobladores de El
Difícil por los sonados casos delictivos en los que cada día hay más menores de
edad involucrados, sin que hasta el momento exista una alternativa para que la
eficacia policiva origine un requerimiento judicial contundente y se detenga una
creciente de robos de la que no escapa ningún barrio.
La fuerza pública cree que al saber estos delincuentes que
son liberados pocos después de ser tomados en flagrancia, reinciden con
evidente desparpajo y retan los procedimientos legales hasta salirse
completamente con la suya.
“La mayoría de casos denunciados o que son detectados en
flagrancia por los patrulleros tienen que ver con jóvenes que no sobrepasan los
16 años, ante lo cual sólo procede alguna que otra reconvención estipulada en
el Código del Menor, quedando al poco tiempo en libertad y dispuestos a
continuar con su accionar delictivo”, según lo expresó una fuente policial.
La Secretaría de Gobierno de Ariguaní ha expresado igual
preocupación porque “ante la falta de herramientas legales para procurarles una
judicialización, toca soltar a esos jóvenes delincuentes de manera inmediata”.
La preocupación cunde porque los niveles de delincuencia se
han disparado a velocidad de torpedo y se evidencia mucha impotencia ante la
escalada de robos de que son objeto las tiendas, ventorrillos y residencias de
la mayoría de los barrios, sin respetar estratos.
Así como los delincuentes van detrás de una gallina, también
se han llevado ropa, electrodomésticos, celulares, joyas y dinero en efectivo,
muchas veces sin amedrentar a los poseedores ni hallar cerraduras difíciles o
utilizar un arma.
La policía estima que los jóvenes delincuentes han sido
entrenados, porque de otra manera no podría entenderse la facilidad con que entran
a las casas para cometer sus fechorías.
Por las redes sociales la gente ha empezado generar alertas
y hacer recomendaciones para no dar “papaya” ante el embate delincuencial,
expresando variados mensajes entre los cuales se sugiere revisar debajo de las
camas, ya que ha trascendido que en uno de los últimos robos los ladrones
aprovecharon una puerta abierta y esperaron que todos se durmieran para salir
campantes horas después con el botín a cuestas.
REVIVE POLÉMICA
El tema ha revivido una vieja polémica que se propició no
hace mucho desde altos estamentos del Estado, en el sentido de endurecer o no el
castigo para los jóvenes delincuentes, en virtud de que algunos de ellos han
sido utilizados tanto para la consumación de delitos menores hasta verlos inmiscuidos
en actividades ilícitas muy serias como el narcotráfico y el sicariato.
Precisamente la senadora Gilma Jiménez, promotora del
referendo de la cadena perpetua para abusadores de menores, ha intentado sin
éxito hacer avanzar un proyecto que ha buscado establecer cárcel para
adolescentes entre 14 y 18 años, a fin de acabar con la poca efectividad a la
hora de aplicar penas a los menores de edad.
Ese substancial cambio en la Ley de Infancia y Adolescencia
pretendía que los jóvenes reincidentes en actividades criminales se vieran
abocados a pagar las respectivas penas en centros penitenciarios y que junto a
ellos fueran igualmente los padres bajo el carácter de cómplices.
Sin embargo, el ICBF a través de distintos voceros ha
considerado que adoptar un endurecimiento de penas no es el camino y que por el
contrario lo que debe hacerse es “evitar que el adolescente llegue al delito”.
El instituto ha advertido que “muy pocas veces se reconoce
que ese niño o joven (delincuente) ha sido víctima de una serie de vulneración
de derechos y de una historia de maltrato y dolor, además que están en proceso
de formación y que son los adultos los que los llevan a cometer esas acciones”.
Se ha precisado que "la guerrilla, las llamadas bandas
emergentes y la delincuencia utilizan a menores de edad para cometer delitos,
muchos de ellos atroces, lo cual prende las alarmas y nos lleva a reaccionar
para que no emerja una generación de niños y adolescentes infractores,
sometidos y explotados".
La Defensoría del Pueblo ha tomado parte en el debate y ha
sugerido acciones de intervención en las familias de los niños y jóvenes
vulnerables a ser usados en esos delitos, y brindarles oportunidades de
educación y formación que los alejen del peligro”.
"Los adolescentes involucrados en actos delictivos no
pueden ser tratados como delincuentes rasos", dijo la Defensoría cuando se
declaró en contra de la citada iniciativa.
En cuanto a este polémico tema, las cifras del último año en
Colombia dan cuenta que 50.838 menores de edad se han visto implicados en
delitos; 49.000 corresponden a adolescentes entre 14 y 17 años, 1.201 a jóvenes
que pasaron a la justicia ordinaria tras cumplir los 18 años y 637 que son
menores de 14 años y que en consecuencia ingresaron al proceso de
restablecimiento de derechos.
Del total de atendidos, el 88% son hombres y el 12% mujeres,
de los cuales el 67% está en el rango de edad entre 16 y 17 años.
Los delitos de mayor ocurrencia por parte de estos menores
de edad son el hurto (32%), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (25%)
y lesiones personales (9%).
LOS ADOLESCENTES que delinquen son en su mayoría personas de
bajos recursos, que a pesar de la intervención gubernamental, caen
fácilmente en la trampa de los grupos delictivos que les ofrecen dinero fácil y
cambio de vida.
