En consideración de los pírricos remanentes que recibe el Municipio de Ariguaní por concepto de alumbrado público y las grandes necesidades que evidencian muchas de las localidades por falta de iluminación en sus calles, el alcalde Rivelino Mendoza Ballestas pedirá al concejo municipal expresas facultades para concesionar la operación, explotación y organización total de ese servicio en esta municipalidad.
En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, a radicarse el próximo lunes 23 de agosto en la secretaría del concejo, el burgomaestre considera que, en aras de declarar el alumbrado como un asunto de importancia estratégica para el desarrollo municipal, tal como se añora desde diferentes sectores, es necesario revisar las falencias que impiden su cabal prestación.
La primera de las justificaciones planteadas por el primer mandatario en esta materia es que El Municipio, a través del convenio vigente con Electricaribe, sólo recibe en promedio 8 millones de pesos mensuales para cubrir esta necesidad, a pesar de los casi 150 millones que se recaudan por ese concepto.
“Luego que se nos ha debitado el suministro de energía para el sistema de alumbrado público, de responder por el costo de la facturación de ese impuesto y lo que se deriva del servicio de recaudo, lo que nos giran como remanente no alcanza ni para cubrir las exigencias de la propia cabecera”, según lo había anticipado Mendoza Ballestas en reciente reunión con el comité de control social de los servicios públicos domiciliarios.
De acuerdo con lo sostenido por el alcalde en esa oportunidad, esa cifra cada vez tiende a ser menor, porque en la medida que se instalan nuevas luminarias por cuenta del municipio, Electricaribe va cobrando ese aumento en el consumo, reduciendo las posibilidades para cubrir nuevas solicitudes ciudadanas.
Otras de las talanqueras que el burgomaestre planea despejar con la iniciativa, es la existencia de normas, como los Acuerdos municipales 009 de julio 21 de 2000 y 017 de agosto 31 de 2009, que por ser contrarias a la normatividad actual, impiden la búsqueda de una salida franca a las deficiencias ya conocidas en materia de alumbrado público.
Pero también, modificar el esquema tarifario y todo aquello relacionado con la reglamentación obsoleta actual, a fin de crear un escenario financiero que garantice alcanzar la meta del 100% de la cobertura en la prestación del servicio.
SE COMPROMETERÍAN VIGENCIAS FUTURAS
En el proyecto de acuerdo, el alcalde de Ariguaní pide que el otorgamiento de esas facultades sea por espacio de seis meses, con el objeto de implementar los procedimientos necesarios para celebrar un contrato de concesión con un plazo máximo de 20 años mediante licitación pública.
Bajo esa dispensación, podrá pignorar, entregar en prenda o en el marco de cualquier otra figura jurídica el excedente de lo recaudado por concepto de alumbrado público a la empresa que resulte favorecida dentro del proceso de licitación.
Igualmente quedaría facultado para comprometer vigencias futuras de la facturación del impuesto de alumbrado público desde el año 2010 hasta 2029, así como adelantar el proceso de contratación de la interventora respectiva y establecer el esquema tarifario según estratos, la tasa, el sujeto activo, el sujeto pasivo, los hechos generadores, las bases gravables y el tratamiento de cobro.
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