Autoridades descartan que el atentado estuviera dirigido contra el funcionario judicial oriundo de El Difícil
Hermetismo y misterio rodean el asesinato a tiros de Joselín Villarreal Ortiz, el conductor y escolta de un juez de Barranquilla, quien ayer a las 6:45 de la mañana llegaba a la residencia del jurista, en la carrera 42C con 83 del barrio Los Nogales.
Asustados, los vecinos prefirieron guardar silencio y se limitaron en describir a los investigadores la escena del homicidio. Entre los pocos detalles que revelaron, dijeron que hubo un intercambio de disparos entre la víctima, un pensionado de la Policía Nacional de 46 años, y dos sujetos que huyeron en una motocicleta negra.
Varias cuadras alrededor del lugar del crimen fueron acordonadas por las autoridades policiales, ya que testigos les dijeron que el sicario parrillero habría resultado herido.
Una versión del homicidio indica que cuando Villarreal se bajó de un Chevrolet Aveo gris, placas KJH- 799, los asesinos se pusieron a conversar con él.
Luego se inició la balacera y todo indica que al ex policía se le agotaron las balas. Al intentar recargar su revólver, fue ultimado por uno de los sicarios.
El occiso, quien recibió un tiro en el pecho y otro en un brazo, quedó tendido boca abajo en el pavimento y a su lado fue encontrado su arma, además de numerosas vainillas de pistola 9 milímetro.
La otra hipótesis indica que Villarreal habría evitado un atraco, al conductor de un automóvil blanco, y los asaltantes que se le enfrentaron.
Minutos después del crimen, investigadores de la Sijín, que fueron a varias clínicas cercanas a ver si hallaban al sicario baleado, encontraron, en la calle 73 con carrera 38, a un hombre que conducía herido un auto del citado color.
El individuo les dijo que habían intentado asaltarlo, pero las autoridades no entienden por qué si fue víctima de ladrones y estaba sangrando en su brazo derecho no fue a un centro asistencial.
Esta persona fue retenida como sospechosa de que, más bien, se trataba de uno de los sujetos que habían intervenido en el crimen. Pero, el sujeto, al que le aparece un antecedente por hurto, recobró su libertad porque ningún vecino colaboró para identificarlo como uno de los homicidas.
De Villarreal, quien trabajó en el grupo Gaula de la Policía, se conoció que llevaba 14 días al servicio del juez segundo Penal del Circuito Adjunto de Barranquilla, Andrés Peña Pacheco, recién trasladado del Magdalena.
Durante la diligencia de levantamiento del cadáver, a los periodistas se les impidió realizar su labor con groserías de parte de varios policías.
CASOS EN LOS QUE HA ACTUADO EL JUEZ PEÑA PACHECO
Condenan a oftalmólogo por crimen de su ex esposa
Por Germán Corcho Tróchez
“Todos los relatos de los testigos dan claridad de la forma delincuencial en la que el enjuiciado elaboró su macabra obra”. La frase anterior quedó consignada en el análisis con el cual el juez Quinto Penal del Circuito adjunto, Andrés Peña Pacheco, decidió que el oftalmólogo Orlando Jaime Sierra Guerra mató a su ex esposa Liliana Graciela Villalba Sosa.
La mujer, de nacionalidad argentina, fue hallada muerta el 13 de marzo de 2004 a las 12:30 del mediodía, en una trocha que conduce a la hidrométrica (una especie de embalse) de Transelca, en la Circunvalar entre carreras 38 y 43.
El CTI recogió el cuerpo desnudo de Villalba, cuyo deceso había sido causado entre la noche del 11 y la madrugada del 12 por dos cuchilladas: una en un lado de su cuello y otra que laceró su pulmón izquierdo.
PRUEBAS Y FALSOS TESTIGOS. Como se lee en el fallo, la defensa presentó “una testigo estrella”, Magali Vengoechea González, que quiso “crear una coartada para que el enjuiciado evadiera su responsabilidad”.
En sus testimonios Vengoechea se contradijo: conocía a Sierra desde 1993, pero no a Villalba a pesar de que contrajeron matrimonio en 1989 y se separaron en 1994.
Ese y otros yerros, como los calificó el Juez, se sumaron a las pesquisas de la Fiscalía, la cual aportó, entre otras, la declaración de una conocida de la víctima que recordó que el 11 marzo, esta se iba a encontrar a las 6 p.m. con su ex marido quien le ofreció unos lentes de contacto, y después no supo más de ella.
En su síntesis, Peña advierte que “no se vislumbra que, para el momento de los hechos, Sierra padeciera enfermedad o trastorno mental que le impidiera comprender la ilicitud de su comportamiento.”
El regidor sentenció al oftalmólogo a 30 años de prisión por homicidio agravado, y lo inhabilitó por ese tiempo para ejercer sus derechos y funciones públicas.
También compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Vengoechea por falso testimonio.
BUSCADO POR LA INTERPOL. Además de condenarlo, la sentencia ratificó las órdenes de captura emanadas por la Fiscalía 38 de la Unidad de Vida, y la proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito que contiene una solicitud con circular roja ante la Interpol (Policía Internacional).
Además, también pide que se elaboren los oficios correspondientes al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y la Sijín y Dijín de la Policía.
“En razón al hecho delictivo, el hoy enjuiciado huyó, dejando un manto de duda en razón a su inocencia”, estima el juez Peña en una de sus consideraciones.
Juez condena a 12 años de cárcel a dos ‘ruleteros’
El juez Segundo Penal del Circuito Adjunto, Andrés Peña Pacheco, castigo con seis años de cárcel para cada uno a John Ojito Eguis y Mauricio Enrique Rodríguez Oquendo por hurto calificado agravado, y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.
El proceso contra estos dos barranquilleros, de 28 y 27 años, respectivamente, se remonta al 12 de noviembre de 2002, cuando fueron aprehendidos por agentes de la Policía en la calle 70 con carrera 62, donde colindan los barrios Bellavista y San Fransisco.
“Momentos antes, en compañía de un tercer asaltante, hurtaron al señor Mauricio Jesús Martínez el dinero producto de la venta de joyas y dos celulares, todo por valor de $1 millones 500 mil, objetos que finalmente se perdieron puesto que se los llevó el tercer ladrón que logró escapar”, reseña la sentencia.
Además del testimonio del afectado, la Fiscalía 19 de la Unidad de Seguridad Pública presentó el de uno de los uniformados que participó en el arresto de Ojito y Rodríguez. El patrullero los identificó como los mismos individuos que retuvo después de que intimidaran a Martínez con un revólver Doberman, de fabricación argentina, calibre 22 milímetros, y lo despojaran de sus pertenencias.
“Por otra parte, constituye un indicio grave de responsabilidad el hecho de que los sindicados indemnizaron a la víctima, asumiendo con esto su culpa”, estimó el Juez, quien además ordenó las capturas de los dos acusados, quienes no están encarcelados. GCT.
Tomado de elheraldo.com
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