Crece
inconformidad en Ariguaní por
mala calidad
en el servicio de ‘Claro’
Por: JOSÉ MANUEL DÍAZ
En un estado de impotencia y desesperación permanecen desde
al menos un mes cientos de usuarios de la empresas de telefonía Claro en el
municipio de Ariguaní, ante el pésimo servicio que la mencionada compañía viene
prestando.
Los reportes por dificultades en las comunicaciones van
desde la lentitud y caída de la señal de los celulares, hasta una marcada
deficiencia en el servicio de internet, que impide el normal desarrollo de
actividades tanto en los hogares como en oficinas públicas y la mayoría de
sitios comerciales existentes en la población.
Entre las personas más influyentes de la municipalidad, que
han exteriorizado su reparo ante la reiterada situación, está la dirigente
cívica María Eugenia Vásquez De la Hoz, quien ha pedido reiteradamente a los
órganos de control tomar cartas en el asunto, tomando en consideración que la
compañía no se pronuncia ni ha mostrado interés en resolver el agudo problema.
“Ya es hora que los organismos de control actúen contra
Claro, porque esta pésima señal viene ocasionando inmensos perjuicios a todos
los usuarios, sin que el operador se dé por aludido”, recalcó la líder social.
Aún más, se tiene conocimiento que la situación no solo se
experimenta en Ariguaní, sino también en localidades de las proximidades como
Granada, San Ángel, Pueblo Nuevo, Carmen de Ariguaní, La Gloria, Pueblito-Los
Andes y El Bajo, donde los usuarios sufren contratiempos por llamadas que se
cortan, la ausencia prolongada de la señal y un errático acceso a la red.
Ha trascendido igualmente que los usuarios desean
aglutinarse en una sola causa para hacer sentir su inconformismo, porque tal
situación atenta contra sus intereses y bienes a pesar de recibir puntualmente
una facturación como si el servicio fuera de primera.
Creen que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo
deben intervenir con celeridad, sin menoscabo de las competencias de la
respectiva superintendencia, puesto que son las entidades que deben propender
por la defensa de la ciudadanía y de lo público sin ningún tipo de excepciones.
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