Bogotá, 4 de noviembre. (Prensa Fiscalía) Por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación, la Fiscalía llamó a indagatoria a ocho dirigentes políticos del Magdalena y a dos particulares.
Los afectados con la decisión son: Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco, ex alcaldes del municipio de Concordia (Magdalena); Miguel Antonio Aragón Escorcia, actual mandatario de esa localidad; Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz y Franklin Lozano Pimienta ex diputados de la Asamblea Departamental del Magdalena.
Así mismo fueron cobijados con la medida los particulares Neyla Alfredina Soto Ruíz, alias ‘Sonia', supuesta jefe política de las autodefensas, y Victoria Cecilia Paternita Soto. Los hoy procesados deberán comparecer ante un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio el próximo 10 de noviembre en las instalaciones del CTI en Santa Marta.
De acuerdo con la investigación los mencionados habrían suscrito el 28 de septiembre de 2000 en la vereda La Estrella , del municipio de Chivolo, un pacto con el entonces cabecilla del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40' , con el objetivo de apoyar la candidatura del aspirante a la Gobernación del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta.
Para la época de los hechos los firmantes del acuerdo, el que fue llamado ‘La gran convención del movimiento de la provincia unida por una mejor opción de vida', también eran candidatos a las mencionadas corporaciones públicas.
Pacto de Pivijay
El 22 de noviembre de 2001 dicho acuerdo fue ratificado por los mismos políticos, ya en condición de funcionarios públicos, en el denominado ‘Pacto de Pivijay'.
En dicho acuerdo, suscrito para apoyar a candidatos a las elecciones legislativas de 2002, se fijaban compromisos para obtener recursos económicos para la inversión social, aumentar la participación burocrática en cargos nacionales y departamentales, así como “respaldar y acompañar al candidato presidencial en la segunda vuelta”.
Los afectados con la decisión son: Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco, ex alcaldes del municipio de Concordia (Magdalena); Miguel Antonio Aragón Escorcia, actual mandatario de esa localidad; Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz y Franklin Lozano Pimienta ex diputados de la Asamblea Departamental del Magdalena.
Así mismo fueron cobijados con la medida los particulares Neyla Alfredina Soto Ruíz, alias ‘Sonia', supuesta jefe política de las autodefensas, y Victoria Cecilia Paternita Soto. Los hoy procesados deberán comparecer ante un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio el próximo 10 de noviembre en las instalaciones del CTI en Santa Marta.
De acuerdo con la investigación los mencionados habrían suscrito el 28 de septiembre de 2000 en la vereda La Estrella , del municipio de Chivolo, un pacto con el entonces cabecilla del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40' , con el objetivo de apoyar la candidatura del aspirante a la Gobernación del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta.
Para la época de los hechos los firmantes del acuerdo, el que fue llamado ‘La gran convención del movimiento de la provincia unida por una mejor opción de vida', también eran candidatos a las mencionadas corporaciones públicas.
Pacto de Pivijay
El 22 de noviembre de 2001 dicho acuerdo fue ratificado por los mismos políticos, ya en condición de funcionarios públicos, en el denominado ‘Pacto de Pivijay'.
En dicho acuerdo, suscrito para apoyar a candidatos a las elecciones legislativas de 2002, se fijaban compromisos para obtener recursos económicos para la inversión social, aumentar la participación burocrática en cargos nacionales y departamentales, así como “respaldar y acompañar al candidato presidencial en la segunda vuelta”.
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