El notario único de Ariguaní, Armando Rafael Andrade Palacio, aseguró a HOY DIARIO DEL MAGDALENA y ARIGUANÍ AL DÍA que “bajo ninguna circunstancia” avaló con su firma los documentos encontrados por investigadores judiciales y mediante los cuales se favoreció el despojo de enormes extensiones de tierras por parte de facciones paramilitares en varios municipios del Magdalena.
Las declaraciones del funcionario se conocen días después que publicaciones de prensa hiciera alusión a la presunta participación de los notarios de Plato, Tenerife y Ariguaní en la ratificación de escrituras falsas con las cuales algunos cabecillas del grupo comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se adjudicaron fincas por ocho mil hectáreas de tierra.
Andrade Palacio negó también ser parte de la indagación que coordina la Fiscalía Primera Especializada en Asuntos Humanitarios, que ha terminado por involucrar, además de los notarios, la actuación de algunos funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder- en el Magdalena.
“NO TENGO NADA QUE VER”
El funcionario afirmó que en todo este asunto no tiene nada que ver y que tal como están planteadas las cosas en la información, su nombre y su gestión salen bien librados, ya que en ningún momento se habla allí de escrituras públicas debidamente refrendadas sino de “minutas sin fecha y número que cualquier tramitador puede hacer y que de paso no tienen efectos jurídicos”.
Armando Andrade Palacio aclaró que “el proceso de formación de las escrituras públicas por mandato legal culmina con la firma del notario y su consecuente incorporación en el protocolo público notarial; esto último no es otra cosa que precisamente la asignación de la fecha y el número que en orden sucesivo y ascendente le corresponde a cada escritura pública, convirtiéndola en única e irrepetible”.
“Solamente de esa manera –continuó explicando el notario- el documento adquiere la condición de escritura pública, indicada para producir los efectos jurídicos que le son propios, como son los de transferir el derecho de dominio, algo que no se dio en el caso que divulga la prensa y que toma como fuente una investigación del CTI de la Fiscalía”.
“NUNCA AUTORICÉ ESOS DOCUMENTOS”
Andrade Palacio aseveró respecto a los hechos, que desconoce completamente ni sospecha inclusive qué tramitador proyectó para esa época las minutas, que éstas nunca pasaron por su despacho y que mucho menos las autorizó
“Yo respondo por los actos que autorizo con mi firma y que aparezcan incorporados en el protocolo; yo no puedo responder por la voluntad mal intencionada de terceras personas que no son siquiera mis empleados”, precisó el notario.
Indicó además que: “Nuestro estatuto notarial habla de etapas de formación de las escrituras, como son la recepción, extensión, otorgamiento y autorización, y en este caso, no se dio ninguna de esas etapas”.
“Debe quedar claro que los documentos que obran en poder de la fiscalía no son escrituras públicas; son minutas que fueron elaboradas sin intervención ni conocimiento mío como notario, por lo que mal puede afirmarse que con mi firma se entregaron o se cedieron tierras a los paramilitares”, según expresó.
Argumentó que “la prueba de que los documentos a los que se refiere la información de prensa no tienen valor legal, es precisamente que los notarios aludidos no han sido vinculados a la investigación ni han sido llamados como testigos”.
“ATENTARON CONTRA MI HONRA”
Andrade Palacio lamentó que dicha información haya trascendido de esa manera. “Eso que se ha conocido atenta de manera grave contra mi honra, buen nombre y dignidad, al igual que contra mi familia, poniendo en situación de riesgo mi integridad personal y las de los míos”.
“Por todo ello solicito protección de las autoridades, ya que he sido condenado ante la opinión pública sin haberse formulado un juicio en mi contra”, añadió el notario.
Anotó que en los 20 años que ha fungido como servidor estatal “jamás se me ha levantado un disciplinario ni he estado vinculado a investigación alguna, cosa que puede comprobarse tras mi paso en la vida pública como secretario de gobierno departamental, jefe de investigaciones de la Contraloría Departamental, subdirector del DAS en el Magdalena y más de una década al frente de la Notaría Única de Ariguaní”.
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