Estudian
urgencia manifiesta por la
crisis de agua potable en Ariguaní
crisis de agua potable en Ariguaní
* El alcalde de Ariguaní,
Carlos Eduardo Castilla, se mostró optimista frente a este reto y aseguró que
un lapso no mayor a 10 días le tendría a los habitantes buenas noticias sobre
sus gestiones en esta materia.
Por: JOSÉ MANUEL DÍAZ
CARLOS E. CASTILLA BAENA |
En un intento por resolver de manera definitiva la crítica
situación en que está sumido Ariguaní por la carencia de agua potable, el
alcalde Carlos Eduardo Castilla Baena, comenzó a estudiar la declaratoria de
urgencia manifiesta tras el abandono de las operaciones en el acueducto
municipal por parte de Aguas Regional de Macondo.
La medida le permitiría al mandatario local acceder sin
mayores trámites a los recursos de agua potable y saneamiento básico, para
contratar de manera directa y rápida las obras, servicios y suministros que
conduzcan a la reactivación del complejo acueducto municipal lo antes posible.
El burgomaestre explicó que para el efecto se está abordando
toda una estrategia jurídica y administrativa para declarar el incumplimiento
del contrato a ARM por abandonar la operación del acueducto municipal y luego
concertar con Aguas del Magdalena para que opere de inmediato el sistema,
debido a que esta entidad es la que tiene el monopolio para la contratación de
las obras.
“Mi posición es que si Aguas del Magdalena tiene la parte
atractiva del negocio; es decir, el manejo de los recursos para la
construcción, estaría más que obligada a asumir la operación hasta el tiempo en
que entregue un acueducto totalmente viable en lo financiero y debidamente
optimizado”, puntualizó el alcalde.
Seguidamente reconoció que el acueducto de Ariguaní, el cual
surte de agua a la cabecera y corregimientos como San José, Pueblo Nuevo y
Alejandría, además de un centenar de fincas, es por el momento “inviable”, ya
que sólo operarlo cuesta alrededor de los 45 millones de pesos mensuales y de
los que únicamente se recauda no más del 30% por concepto de facturación.
No obstante, pronosticó que si se dan los pasos necesarios
para que el acueducto sea “manejable”, se encontraría más temprano que tarde un
operador serio que adelante sin contratiempos la operación y se beneficie de
los contratos como compensación.
OTRAS ALTERNATIVAS
El alcalde Castilla Baena dio a conocer que entre otras
gestiones pendientes para salvar el acueducto, está la renegociar con el Plan
Departamental de Aguas el porcentaje que se le pignora a Ariguaní por concepto
de Agua Potable y Saneamiento Básico, a fin de contar con más recursos, sobre
todo si le corresponde encarar el manejo del servicio de manera directa en el
futuro.
Castilla Baena reveló que en la actualidad al municipio le
pignoran el 50% de los recursos que le giran del Sistema General de
Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico con el objeto de robustecer
el PDA, pero es algo, que según él, no ha repercutido en mayores beneficios
para los ariguanenses hasta la fecha.
“Tan pronto se oficialice la caducidad del contrato a ARM
tenemos que sentarnos también con la gente del Plan Departamental de Agua para
renegociar lo que tenemos pignorado, ya que lo poco que le queda a Ariguaní es
para financiar los subsidios para los estratos bajos y atender los requerimientos
del sector rural en ese orden”, explicó.
Aunque no desconoció que son tareas difíciles, “no son
imposibles”, y que espera contar con el respaldo de todos los estamentos
involucrados para encontrar las mejores soluciones posibles, como es el caso
del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Superintendencia de
Servicios Públicos, la Procuraduría General de la Nación, Aguas del Magdalena y
el propio gobernador, Luis Miguel Cotes Habeych.
RESULTADOS EN 10 DÍAS
Carlos Eduardo Castilla Baena se mostró optimista frente a
ese reto que encarna la recuperación del acueducto y aseguró que un lapso no
mayor a 10 días le tendría a los habitantes buenas noticias sobre sus gestiones
en esta materia, concretamente en cuanto a la declaratoria de incumplimiento
para ARM y la expedición de la norma de urgencia manifiesta.
“Seremos irrestrictos en el caso de ARM, porque no se puede
pasar por alto los perjuicios que ha ocasionado su partida intempestiva, puesto
que además de dejar el acueducto a medias, no le responde a Electricaribe por
la deuda de más de 600 millones de pesos; no le pagó al constructor del pozo
gemelo 1; debe una alta suma por arriendo y abandonó a sus trabajadores adeudándoles
sueldos y prestaciones sociales”, precisó el burgomaestre.