CIENTOS HABRÍAN SIDO ESTAFADOS EN EL DIFICIL CON PROYECTO DE VIVIENDA

Una seria situación atraviesan los afectados por el fallido programa de vivienda del Comité de Autogestión Social, que desde el 2006 no da información sobre el paradero de los dineros recibidos ni de la urbanización proyectada.

Centenares de personas de bajos recursos de El Difícil y sus alrededores podrían haber sido objeto de la mayor estafa de la que se tenga conocimiento en esta municipalidad en todos los órdenes, al no tener los afectados claridad ni respuestas convincentes sobre el paradero de los dineros que entregaron a un comité autogestionario social con propósito urbanístico entre 2006 y 2007, el cual no ha cumplido hasta el momento con la devolución de las cantidades que se les exigió a cada uno de ellos para el debido estudio socioeconómico, ni mucho menos con la entrega de las añoradas viviendas.

Así se desprende de la denuncia interpuesta por los afectados ante la Inspección Central de Policía en contra de los representantes en Ariguaní del citado comité autogestionario social, el cual se encuentra adscrito a uno de mayor ámbito en Valledupar, bajo personería jurídica N° 0659, concedida el 12 de mayo de 1988 y que se desprenden organizacionalmente de la Fundación para la Formación de Capital Social, Empresarial y Económico –FUNASCEP- que tiene los reclamos más sonados por esta causa en la propia capital del Cesar, Cúcuta y otras ciudades por presunta estafa, tal como se concluye tras informes de prensa desde esas ciudades.

Varios de los presuntamente “timados” en El Difícil, luego de entablar las acciones legales que les asisten, hicieron conocer a HOY DIARIO EL MAGDALENA los desprendibles que les fueron expedidos en esta localidad, donde consta que entregaron dineros cuyas cantidades oscilan entre 60 y 80 mil pesos, así como un sinnúmero de carnés que los hacen beneficiarios del programa y que hace presagiar que el número de afectados es incalculable.

“Podríamos ser casi mil”, dijo muy preocupada Marlenis Hernández, una de las damnificadas del fallido proyecto de vivienda. En ese sentido también se expresó Olga Isabel Rodríguez, a quien le fue prácticamente imposible contar las personas que como ella asistieron un año atrás al Centro de Convenciones para cumplir una cita con los urbanizadores y donde se les dijo que no debían preocuparse por los dineros, ya que los estaban rindiendo en dólares en el exterior. Desde allí empezaron a desconfiar del asunto y creen que su “platica” puede estar manejada por una especie de “pirámide”.

La anterior precisión fue corroborada por otros que acompañaron a las interlocutoras en su pública denuncia, como: Andrés De Ávila; Vilma Hernández; Aníbal Obredor; Sandra Ospino; Ledys Martínez; Gilma Paredes; Gleidis Acuña; Ledys Morales; Ninet Márquez; Teodosia Palacios; Luz Royero, Nancy Obredor y Carmen Navarro, quienes también constituyen el frente de reclamo que se ha integrado con el fin de ver restituidos los derechos de todos los afectados.

EL ORIGEN DE LAS COSAS

La primera noticia que se tuvo en Ariguaní sobre este proyecto de vivienda fue por el año 2006, cuando una empresa de apuestas decidió gestionar por intermedio de FUNASCEP la adjudicación de 2.860 soluciones de vivienda de interés social para sus empleados directos y colocadores de apuestas en el departamento del Magdalena, en cumplimiento de su sentido solidario y de acciones de respaldo hacia las comunidades vulnerables que le concernían.

Eso era parte de las múltiples actividades programadas para mejorar la calidad de vida del recurso humano involucrado y que además incluía ciclos de capacitación, brigadas de salud, estímulos e incentivos a la fuerza de ventas, apoyo para actividades culturales y deportivas, asesorías psicológicas y recreación.

Pero al ver la gente que el proyecto de vivienda no tenía limites de beneficiarios, muchos se vincularon aun no siendo apostadores, creándose una ola de interesados que desbordó todos lo previsto y que con el tiempo empezó a despertar sospechas porque era físicamente imposible construir en Ariguaní una urbanización que albergara tanta gente.

Otro aspecto que llamó la atención a los primeros inscritos fue que nunca se habló del número de beneficiarios que obtendría vivienda de manera inicial, ni si el proyecto estaba dividido en etapas y muchos menos de la financiación del mismo.

Lo cierto en todo esto es que las oficinas del comité de autogestión social en El Difícil están igual de cerradas que las dependencias en Valledupar y en Cúcuta, como quizás en muchas poblaciones de la región Caribe donde dicen cayeron muchos incautos. Inclusive la pagina web de FUNASCEP, a la que se intentó acceder, se encuentra fuera de servicio, como tampoco fue posible contactar a Ana Cecilia Marshall de Armas, quien fungió hasta hace poco como Coordinadora de Proyectos y Obras de esa fundación en Valledupar, la única persona asociada a ese organismo y a la que se le halló algún tipo de rastro en la red.

De todas formas los afectados en El Difícil sólo esperan un milagro, ya que no les quedaron recursos para contratar un abogado que pudiese dar la batalla por todos ellos. Muchos de ellos prestaron el dinero para su inclusión en el polémico programa de vivienda, quedando sumidos ahora en una difícil coyuntura: sin casa y con deudas.