El flagelo de la parapolítica en el país parece no tener fin si se examinan detenidamente algunas listas al Congreso de la República para las elecciones del 14 de marzo próximo.
Muestra de ello es que algunos de los senadores o representantes presos o investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares ya tienen asegurado su reemplazo en el legislativo para el período 2010-2014.
Aunque el fenómeno no es exclusivo de la Costa Caribe, sí representa buena parte de las intenciones que tienen algunos jefes políticos de la región que buscan perpetuarse en el poder a través de hermanos, hijos, sobrinos o personas de confianza a su núcleo familiar.
EL HERALDO indagó como se está armando el ajedrez político de la región costeña para las elecciones venideras si se tiene en cuenta que la clase política del Caribe ha sido la más golpeada por el escándalo de la parapolítica.
MOVIMIENTOS. Por un lado la candidata al Senado por el movimiento Mayoría Liberales, Arleth Casado de López, esposa de Juan Manuel López Cabrales, quien hasta hace poco estuvo recluido por parapolítica en la cárcel La Picota, se disputa una de las curules al congreso de la República. La fórmula de Arleth Casado a la Cámara de Representantes es Lorena Torralvo, hija del ex gobernador del departamento Jaime Torralvo Suárez. Por otro lado Martín Morales Dix, ex alcalde del municipio de San Antero, sería la cuota al Senado de la ex senadora Zulema Jattín, quien también estuvo recluida por presuntos nexos con paramilitares. Además, el hermano del ex senador Miguel Alfonso de la Espriella, Hernando de la Espriella, es el tercer candidato al Senado, relacionado con el escándalo de la parapolítica en Córdoba.
En Sucre, Álvaro García Romero, acusado por la Fiscalía de ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo, busca también conquistar una curul en el Congreso al entregar su legado a su hermana Teresa García en representación de Colombia Democrática. A esa aspiración se suma la de Aracely Olivares a la Cámara, esposa del ex gobernador Erick Morris, el primer condenado por parapolítica en Colombia que está en libertad después de haber cumplido las tres quintas partes de su sentencia de seis años.
También Jorge Visbal Martelo, quien renunció a su curul, fue llamado por la Corte Suprema de Justicia, acusado de tener nexos con grupos paramilitares, tiene la intención de repetir curul en el Senado por el Partido de la U.
EL MAGDALENA
Dos dirigentes vinculados con la parapolítica apoyan la candidatura al parlamento de familiares cercanos.
Ellos son: Luis Vives Lacouture, único condenado por la Corte Suprema de Justicia al no haber aceptado los cargos y quien hoy está libre. Su hermano Raúl Vives Lacouture es firme candidato al Senado por el Partido de Integración Nacional, PIN o por Cambio Radical. Su aspiración no ha sido oficializada.
El otro es Alonso Ramírez Torres, también en libertad pero vinculado al proceso, quien lleva a su hija Karen Ramírez como candidata a la Cámara de Representantes, por el partido Alas Equipo Colombia. Así mismo, el ex gobernador Trino Luna, ya libre de acusaciones por parapolítica, tendría el propósito de apoyar la candidatura al Senado de Manuel Julián Mazeneth, hombre cercano a sus huestes políticas y ex secretario de Educación Departamental.
La sanción social. El presidente de la Corporación Nuevo Arcoiris, León Valencia, considera que no hay una sanción social y política a la parapolítica en Colombia.
Al hacer un análisis sobre este proceso en el país se declaró pesimista de que en los próximos comicios legislativos se tomen decisiones que puedan ayudar a renovar el Congreso.
Valencia recordó que en el proceso 8.000 hubo una sanción política porque el Partido Liberal no pudo volver a gobernar, tras el escándalo que envolvió al presidente Ernesto Samper.
“Aquí, en el proceso de la parapolítica ha sido al revés. Hay una cosa judicialmente muy grande, prácticamente 107 parlamentarios vinculados a los expedientes lo que es monumental como proceso judicial y hay 36 parlamentarios en la cárcel, pero no hay una sanción política porque el 95 por ciento de los parlamentarios son de la coalición del presidente Uribe”, estimó el analista.
Sin embargo, Valencia confió en que las nuevas corrientes de opinión que quieren llegar al Congreso logren arrastrar a los electores para que se produzca un cambio profundo en las costumbres políticas.
“El despertar de la ciudadanía es importante y decisivo para la transformación en el legislativo, pero no veo las cosas claras”, agregó Valencia.
Dijo que ni siquiera la aprobación de la ‘Silla Vacía’ ha sido efectiva para sancionar a los partidos y movimientos que incurran en prácticas indebidas, y por el contrario han recibido el apoyo del Ejecutivo para seguir activos en la política.
Valencia recomendó a los presidentes y directores de partidos adelantar un proceso de depuración en sus listas, sobre todo “poner el foco en los partidos nuevos que son el reciclaje de los viejos partidos de la parapolítica”.
Esa misma tarea se la encomendó a los medios de comunicación, en especial a la prensa escrita.
Según el analista “buena parte de los políticos que hasta ahora han sido procesados por vínculos con los paramilitares, también tienen nexos con otros crímenes por los cuales no han sido procesados ni condenados”.
La mayoría de los congresistas y ex congresistas condenados han tenido penas inferiores a cinco años de prisión.
EL CASO BOLÍVAR
Martha Curi, hija del ex alcalde de Cartagena, y esposa del ex senador William Montes, aspira al Senado por el Partido Conservador. Los líos de William Montes, quien sacó 48.084 votos para el perÍodo 2006-2010, terminaron parcialmente, ya que fue absuelto el 18 de agosto de 2008 por un juzgado especializado de Bogotá, luego de que la fiscalía lo acusara por “concierto para delinquir agravado”.
Pese a que salió absuelto, a finales del año pasado, la Procuraduría le abrió a Montes un proceso disciplinario que sigue vivo por presuntos nexos con grupos paramilitares. Para la Procuraduría, Montes pudo “promover y auspiciar” grupos paramilitares al firmar el llamado ‘Acuerdo de Ralito’, firmado en 2001 por una treintena de políticos y funcionarios con el mando de las Auc. Actualmente William Montes goza de libertad.
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