Para algunos líderes políticos independientes ha resultado más difícil conseguir el aval de las aseguradoras que los votos de sus electores. El problema ha llevado a varios candidatos a refugiarse en partidos con los que ni siquiera se identifican, para ahorrarse la vuelta con las aseguradoras.
Aspirantes a los comicios de octubre denunciaron que estas empresas les han negado la póliza de seriedad que la Registraduría exige para su inscripción.
La Organización Electoral hace efectivo este seguro en caso de que los candidatos no obtengan un mínimo de votos y así evitar que proliferen políticos sin respaldo ciudadano que hagan incurrir al Estado en gastos onerosos.
Gustavo Petro, candidato a la alcaldía de Bogotá, dijo que obtuvo la póliza para él, pero que los miembros de su equipo en el resto del país no tuvieron la misma suerte.
"Las circunstancias obligaron a reducir nuestra participación a Bogotá, cuando había decenas de listas a concejos y candidatos a alcaldías en muchos lugares acompañándonos", explicó Petro.
Dijo que La Previsora, Seguros del Estado, Seguros El Cóndor y Solidaria negaron las pólizas para sus equipos regionales.
Marcelo Torres, candidato a la alcaldía de Magangué, también tuvo problemas con su póliza. "Ellos no dan explicaciones; dicen que es la política de la firma. Tuve que inscribirme por el Partido Verde, ya que fui a varias aseguradoras (Seguros del Estado y La Previsora, entre otras) y ninguna me la dio", comentó.
Entre tanto, Pedro Vicente Obando, quien aspira a conseguir la alcaldía de Pasto y busca inscribirse mediante firmas, dijo que las aseguradoras están pidiendo "muchos documentos y exigencias".
"Piden dar el 110 por ciento de la póliza, que en el caso nuestro es de 107 millones de pesos", afirmó.
Al final Obando la logró, pero con influencias. "Tuve problemas con Seguros del Estado y me pasé a La Previsora, que al fin me la dio, porque el Polo intercedió", relató.
Carolina Soto, vicepresidenta de Fasecolda, el gremio que agrupa a las aseguradoras, dijo que el problema es que no hay una garantía de que los candidatos tengan los recursos suficientes para responder en la eventualidad de que no alcancen los votos.
Soto, sin embargo, fue clara en que la norma es igual para todos los aspirantes y que por eso no se puede afirmar que se las estén negando.
La ley estableció este requisito para detener la avalancha de candidatos sin votos.
REDACCIÓN POLÍTICA – EL TIEMPO
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